Víctimas y juristas exigen derogar la reforma de la justicia universal en su primer aniversario
Con ocasión del primer aniversario de la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal, se han pronunciado abogados personados en los casos del genocidio del Tíbet, de seguidores del movimiento religioso Falung Gong o de los asesinatos del jesuita español Ignacio Ellacuría o el cámara José Couso, junto a representantes de la Asociacion Pro Derechos Humanos de España (APDRHE) o la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), que han hecho público un manifiesto que pide acabar con este «dislate legislativo» y «devolver» la jurisdicción universal al ordenamiento español «de forma plena y coherente con el Derecho Internacional».
El magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín ha considerado que «corren malos tiempos para la justicia universal» en España y ha calificado de «repugnante» reducir este debate a una cuestión ideológica. «La jurisdicción universal no es de derechas ni izquierdas», ha remachado, para aseverar que se trata de una cultura de civilización y derechos.
«Muchos Estados se sienten molestos cuando se les mete el dedo en el ojo. Está pasando en España con la jueza argentina, muchos se preguntan ¿a qué viene a meterse en nuestros problemas?», ha apuntado Martín Pallín, para criticar que se defienda a un «torturador» como el inspector Antonio González Pacheco, alias ‘Billy el Niño’, como «una parte integrante del sistema español».
Del criterio más amplio al más restrictivo
Recordemos las declaraciones realizadas sobre la reforma del art. 23 de la LOPJ por el juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, y recogidas en Noticias Jurídicas, para el que la justicia universal pasó del criterio más amplio al más restrictivo.
El juez resumió algunos de los principales puntos de Ley Orgánica de marzo del 2014, caracterizada por la ampliación de la lista de delitos incluidos, la exclusión de la acción popular –hace falta una querella del ministerio fiscal o del afectado directamente– y que el papel de la jurisprudencia española es subsidiario «en lugar de complementario».
Desmontando mitos y falacias
Desde la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), Manuel Vergara, ha desmontado durante su intervención los «mitos» y las «falacias» que rodean a la jurisdicción universal y ha advertido de que «no es una cosa del pasado, sino del presente y del futuro».
En primer lugar, Vergara ha desmentido que fuera una «extravancia» implantada en España, puesto que este principio se está extendiendo en países como Dinamarca, Suecia, Inglaterra, Bélgica, Argentina, Sudáfrica, Madagascar o Senegal, que tienen abiertos procesos contra dictadores, criminales de guerra o autores de delitos de piratería en cumplimiento de sus obligaciones internacionales.
El director del departamento jurídico de FIBGAR ha denunciado que «los Estados más fuertes hayan utilizado la economía como un arma política o diplomática para protegerse y no aplicar la justicia universal», al tiempo que ha instado a «eliminar las guaridas» que dan cobijo a los criminales y ha destacado que sean las víctimas, y no la Fiscalía, las que hayan dado un paso al frente en busca de justicia.
Vergara ha rechazado culpar a estas causas del mal funcionamiento y el atasco de la justicia española o mantener que «no sirven para nada» puesto que no acaban en condenas. A este respecto, ha recordado que solo son competencia de la Audiencia Nacional y ha puesto de relieve el «efecto reparador» que proporcionan a las víctimas o las condenas a piratas juzgados bajo este principio.
Finalmente, los representantes de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APRDHE) Maite Parejo y Vidal Martin han analizado la incidencia de la reforma de 2014 en los casos del genocidio del Tibet o del asesinato de cinco jesuitas, entre ellos Ignacio Ellacuría, en El Salvador.
En este punto, Vidal Martin ha recordado que en abril el viceministro de Seguridad Pública de El Salvador, Inocente Orlando Montano, termina de cumplir una condena de 21 meses en Estados Unidos y advertido de que «su extradición a España significaría la inmediata apertura de juicio oral».
Por su parte, Parejo se ha mostrado confiada en que esta regulación seguirá avanzando pues se trata de una «carrera de fondo», mientras que Raúl Maíllo, de la Asociación Libre de Abogados (ALA) y personado en el caso Couso’, ha enumerado también las «trabas y complicaciones» de la causa. (EUROPA PRESS)