Los jueces presentan 58 medidas contra la corrupción
Piden desde el refuerzo de la planta judicial hasta el endurecimiento de penas
Los jueces decanos de toda España, reunidos en Valencia entre los días 1 y 3 de diciembre, han elaborado un informe donde se analiza la situación actual de la Justicia en España y en particular del proceso penal y han consensuado 58 reflexiones, propuestas o sugerencias para dotar de mayor eficacia al trabajo judicial en especial en la lucha contra la corrupción.
Consideran que no se puede desdeñar la opinión de 2.000 jueces destinados en los juzgados españoles que conocen al dedillo el proceso penal y sus fallos, «que son muchos» y afirman que «buena parte de las medidas no precisan desembolso económico, sólo voluntad. Nosotros estamos aquí, a disposición del CGPJ y del Ministerio de Justicia, dispuestos a colaborar, a aportar ideas, a trabajar».
Los puntos que plantean incluyen medidas estructurales, de apoyo y refuerzo a los jueces, sobre aforamientos e indultos, bienes decomisados y novedades legislativas.
Así, reivindican el incremento del número de jueces hasta alcanzar la media europea de 21 jueces por 100.000 habitantes, para lo que se considera precisa una convocatoria sostenida de oposiciones para el acceso a la carrera judicial durante años hasta alcanzar dicha media. y un aumento de de los presupuestos para Justicia hasta al menos el 3 por ciento de los Presupuestos Generales del Estado.
Por otra parte, se decantan por la agrupación de partidos judiciales y la concentración en grandes sedes, así como la creación de los Tribunales de Instancia.
Consideran los jueces que es preciso el establecimiento de mecanismos de refuerzo inmediato en causas especialmente complejas (en particular en casos de corrupción). Estas medidas de apoyo deben adoptarse con rapidez, en cuestión de días (y no de meses), para facilitar al juez su trabajo desde el principio en causas complejas y procurar que cada magistrado que conoce de este tipo de asuntos pueda dedicarse al mismo en exclusiva.
Se apunta también la idea de creación por vía reglamentaria de la figura del juez asesor o colaborador.
En el ámbito legislativo apuestan por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), apostando por procedimiento penales ágiles, potenciando la oralidad, reduciendo la instrucción , ubicando el peso del proceso penal en el juicio oral y poniendo fin a sumarios interminables.
Animan a que se agilicen los trámites externos que demoran las causas y la reforma del sistema de recursos contra resoluciones de mero trámite, que dilatan muchos sumarios. Además, proponen instaurar un sistema de costas procesales y sanciones que disuadan de pretensiones acusatorias temerarias.
Revisión del aforamiento
Proponen revisar los aforamientos, que generan importantes dilaciones procesales, y «cuya única justificación es dar un tratamiento procesal especial a quienes ostentan un determinado cargo. Debe evitarse que los aforamientos entorpezcan las diligencias de instrucción facilitando la ocultación o destrucción de pruebas».
Dicen que el aforamiento, debe limitarse siempre a los delitos cometidos en el ejercicio del cargo por la persona aforada, no a cualquier otro y debe suprimirse el requisito del suplicatorio a las Cámaras parlamentarias, o privilegios procesales similares para parlamentarios autonómicos.
Piden una reforma procesal para agilizar el aseguramiento cautelar de las responsabilidades pecuniarias desde el inicio de la investigación para garantizar la restitución de las sumas apropiadas o desviadas.
Abogan por crear un cuerpo de peritos contables exclusivamente al servicio de los juzgados y tribunales cuyos informes puedan solicitarse ordinariamente por los jueces con rapidez.
Se aconseja ampliar el plazo de prescripción de los delitos de corrupción; introducir el delito de enriquecimiento ilícito o injustificado de cargos públicos durante su mandato; el de financiación ilegal de partidos políticos; y agravar las penas de ciertos delitos relacionados con la corrupción, como el tráfico de influencias, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.
También, reducir la cuota defraudada en los delitos contra la Hacienda Pública, hoy de 120.000 euros, así como, agravar la pena y aumentar el plazo de prescripción y combatir los paraísos fiscales, siguiendo las directrices de la OCDE.
Fente: elEconomista.es http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/6299226/12/14/Los-jueces-decanos-presentan-58-medidas-contra-la-corrupcion.html#Kku84nrd4FpheT7Z