A pesar de los inconvenientes, el Tribunal considera que la suspensión del sistema no puede ser acordada unilateralmente por los decanos o jueces del territorio, ya que supone «una contravención de una disposición legal de obligado cumplimiento», tal como pedían el Presidente de la AP de Granada y el Decano de los Juzgados de Granada por los problemas que se habían encontrado respecto al reparto de las demandas presentadas telemáticamente, según ha informado el Poder Judicial.

No obstante, la Sala de Gobierno quiere dejar constancia de «la preocupación que suscita la afectación que el mencionado proceso de generalización de la presentación telemática de escritos está produciendo en la prestación del servicio por parte de los distintos órganos judiciales de este territorio, ante las continuas incidencias, bien de tipo técnico y/o conceptual, bien de funcionamiento, que vienen produciéndose, lo que revela una situación bastante delicada, si bien desigual geográficamente, que pone en cuestión la calidad, eficacia e imagen del servicio público que prestan los Juzgados y Tribunales».

Por ello, la Sala de Gobierno ha solicitado a las Administraciones «la adopción de cuantas medidas sean necesarias para que la presentación telemática de escritos y su integración en el sistema de gestión procesal se desarrolle con absoluta normalidad, sin incidencias y sobresaltos constantes, en aras a avanzar en la consecución de una justicia más eficaz y rápida, para lo cual es indispensable dotar a todas las oficinas de los medios e instrumentos electrónicos necesarios para desarrollar su función eficazmente y permitir una plena tramitación electrónica de los procedimientos».

Asimismo, el Presidente del TSJA, consciente de la necesidad de adoptar decisiones e iniciativas ante la situación actual en cuanto al reparto telemático de escritos y documentos en los Juzgados, promoverá una reunión para tratar de la problemática en Andalucía y, así poder gestionar adecuadamente la solución de los problemas detectados y posibles medidas paliativas, evitando la toma de soluciones unilaterales. A la misma se convocará, entre otros, a responsables de la Consejería de Justicia, presidentes de los colegios andaluces de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales, Secretario de gobierno y decanos de los principales partidos judiciales.