El Gobierno permitirá finalmente la jubilación de personas de 61 años en paro y con convenio individual
Un cambio de criterio de la Seguridad Social amenazaba con impedir la jubilación con 61 años de más de 30.000 desempleados hasta 2018 pero el Gobierno ha rectificado después de una reunión con los sindicatos.
La Seguridad Social mantiene finalmente su criterio original sobre permitir la jubilación de personas de 61 años en paro desde antes de abril de 2013 y que tienen suscrito un convenio especial con el Instituto Público.
La problemática surge porque hasta abril de 2013 cualquier trabajador con 30 años de cotización y que fuese despedido, podía jubilarse a los 61 años, pero desde esa fecho sólo pueden los trabajadores afectados por un ERE y no por un despido individual, que deben esperar hasta los 63. Aún así, se mantenía la posibilidad de jubilarse a los 61 años para todas las personas mayores de 55 despedidas antes de esa fecha, siempre que no pasasen en algún momento a estar incluidos en algún régimen de la Seguridad Social. Los convenios individuales que suscriben algunas personas en paro con la Seguridad Social -por los que siguen cotizando para evitar que se reduzca su pensión futura- no se consideraban un régimen y por tanto estas personas podían jubilarse a los 61.
Sin embargo, el 13 de junio el Instituto Nacional de la Seguridad Social decidió considerar estos convenios especiales como regímenes y denegó la jubilación anticipada a unos 1.400 trabajadores. Desde el ministerio de empleo informaron que el cambio afectaría unas 7.000 personas al año entre 2014 y 2018, es decir, a 35.000 personas que deberían esperar hasta los 63 para jubilarse, además de seguir pagando las cotizaciones establecidas en el convenio o ver eventualmente reducida su pensión.
Finalmente, y después de una reunión entre el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos y los sindicatos CCOO y UGT, el Gobierno ha anunciado esta semana que la Seguridad Social rectifica este cambio de criterio. Para el Gobierno esto garantiza la seguridad jurídica para estos casos específicos y ofrece una respuesta a los intereses de estos trabajadores.
En la reunión también será el Instituto Nacional de la Seguridad Social quien a iniciativa propia revise las resoluciones en las que se haya denegado la prestación desde junio.