¿Cual es el riesgo de incumplir una sentencia de la Unión Europea?
El próximo 24 de marzo, España puede enfrentarse a una multa de 23 millones de euros por incumplimiento de una sentencia del TJUE. La negociación entre los sindicatos de estibadores y patronal ha evitado los nueves días de huelga convocados inicialmente a la espera del debate parlamentario para la reforma del decreto ley en el Congreso de los Diputados. El Ministerio de Fomento está haciendo todos los esfuerzos posibles por alcanzar una reforma consensuada de la estiba y lleva más de dos años negociando con patronal y sindicatos
Desde el Ministerio de Fomento explican que una vez aprobado el Real Decreto Ley que se ha flexibilizado al máximo a favor de los trabajadores, se abre una nueva etapa con la negociación colectiva. Se trata de que exista un margen amplio para permitir el acuerdo sobre la base del mantenimiento del empleo y sobre la capacidad de organización del trabajo por parte de los empresarios. Los trabajadores tienen al alcance de su mano llegar a ese acuerdo y cuentan con un margen suficiente para negociar con los empresarios aquellos aspectos que no se pueden incluir en el Real Decreto Ley.
El Ministerio lleva dos años dialogando y trabajando con sindicatos y patronal para conseguir un acuerdo que dé cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014. De hecho, pocas semanas después de la sentencia -en febrero de 2015- se iniciaron las conversaciones entre el Ministerio de Fomento, la patronal y los representantes sindicales del sector de la estiba.
Desde entonces, se han mantenido reuniones periódicas y frecuentes con las partes implicadas y las distintas propuestas recibidas de los actores sociales han sido trasladadas a la Comisión Europea. Las principales reclamaciones de los sindicatos, como la creación de un registro de estibadores, fueron rechazadas con rotundidad por la Comisión Europea.
En este sentido, los esfuerzos del Gobierno por alcanzar un texto consensuado han sido constantes. La comisaria europea de Transporte, Violeta Bulc, señalaba este martes en el Congreso de los Diputados que la Comisión Europea respalda plenamente el Real Decreto Ley. “Hemos esperado mucho tiempo. Había dos sentencias del Tribunal de Justicia. Ya se había emitido una multa y se habían acumulado 27.000 euros por día de multa. Estamos ya en 23 millones de euros de multa. Cuando el Gobierno mostró que se iban a adoptar y tomar medidas se detuvo el reloj, se detuvo este proceso de sanción.
El Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 24 de febrero llega hasta el límite que permite la Comisión Europea y se ajusta, única y exclusivamente, al cumplimiento de esa sentencia.
La propuesta establece la máxima flexibilización para asegurar los derechos de los trabajadores y la igualdad competitiva de las empresas.
Ahora es el momento de insistir en la negociación colectiva para acordar los muchos e importantes aspectos que, partiendo del nuevo marco, deben ser regulados en ese ámbito y que, por imposición legal de la Comisión Europea, no pueden estar contenidos en el Real Decreto.
De hecho, la comisaria europea de Transporte, Violeta Bulc, alentó esta semana a las partes a que continúen con el diálogo social para que dé resultados tangibles y se pueda aplicar este decreto.
Además, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha anunciado que su departamento va a articular un plan de ayudas para contribuir a la reordenación del sector.
Como informábamos en el derecho.com en el caso de que lleguemos al 24 de marzo sin que se haya aprobado el Real Decreto, España estará obligada a pagar sanciones a la Comisión Europea. De hecho, la comisaria Bulc subrayaba que si el Real Decreto Ley de reforma de la estiba no se aprueba el 24 de marzo «tendrán que adoptar medidas».
España acumula ya 23 millones de euros de multa; una cantidad a la que, en caso de no convalidarse este Real Decreto, se sumará una sanción de 134.000 euros diarios a la que sólo se le podrá poner fin cuando España cumpla con el contenido de la sentencia. De hecho, es una sentencia de obligado cumplimiento porque la establece el Tribunal de Justicia de la UE. De no dar respuesta a la misma, sería la primera vez que el Reino de España incumpliría un tratado de la Unión Europea.